Luis Rodríguez

Mientras que el gobierno y sus acólitos se desgañitan con sus voces destempladas, anunciando que aplicaran todo el peso de la ley sobre aquellos “grupos minoritarios, anti-mineros” que “atenten contra los derechos de todos los peruanos” se declaran en emergencia las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros; esto por las protestas desatadas en marco del proyecto minero Las Bambas. También estarán bajo la misma medida Chumbivilcas y Espinar de la región Cuzco.

El premier Pedro Cateriano, junto a parte de su gabinete, se pronunció este miércoles sobre el estado de emergencia en cuatro provincias de Apurímac y dos del Cusco “Condenamos enfáticamente el uso de la violencia. No podemos aceptar que a través de mecanismos ilícitos se secuestren personas, se utilice dinamita y, además, se empleen armas para supuestamente defender derechos ambientales y locales” Se olvida acaso Cateriano Bellido, que los muertos y heridos de bala son precisamente comuneros que protestaban por la modificación del EIA de Las Bambas.

“Por esta razón, (no vamos a aceptar) que frentes de lucha y agrupaciones utilicen la fuerza como mecanismo de presión para atentar contra los derechos de todos los peruanos”, enfatizó seguidamente Cateriano; sin importarle poco o nada los reclamos de las poblaciones afectadas.

El premier Cateriano, debería tener en cuenta que mañana más tarde, tendrá que responder ante esta represión violenta de parte de las autoridades que en mal nombre de la llamada “democracia” han enlutado cuatro familias más.

Y que más temprano que tarde, tendrá que asumir su responsabilidad, ante los derechos vulnerados de parte del gobierno contra estas comunidades, como es el cumplimiento de la Ley de Consulta Previa que les corresponde a esta población por ser pueblos indígenas los afectados por la minera.

Por si no está enterado el premier, debe saber que el malestar que se vive en esta parte de la sierra central se origina en el incumplimiento de los acuerdos tomados con la anterior operadora, Xstrata, compañía suiza que el año pasado se fusionó con Glencore y posteriormente vendió a Minmetals. A raíz de la compra que se concretó el año pasado, ya se hablaba de algunas modificaciones a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

EN DEFENSA DE LOS GRUPOS DE PODER

En abierta defensa de los intereses del gran capital; en todas las regiones del país la contaminación ambiental del aire, agua y suelos se hace cada vez más grave.

Donde están las autoridades del estado para prevenir, controlar y/o mitigar la contaminación?, existe acaso un modelo regional de Gestión Ambiental, donde se hallan cumplido a cabalidad todas las reglas establecidas?

Según la ENVIRONMENTAL LAW INSTITUTE RESEARCH REPORT en su informe del 2000, sobre Prevención de la Contaminación Minera: Propuesta de un Marco Común para las Américas; señala que le compete al Estado promover estrategias de prevención de la contaminación, así como determinar tanto el nivel de prevención y control requerido, como las medidas de monitoreo e implementación de estos requisitos, implica adoptar decisiones de política adicionales. Pero lo más importante es fortalecer los mecanismos de participación pública.

Un componente clave para la estrategia de prevención ambiental es la efectiva participación del público en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales, así como en su fiscalización. Existen muchas maneras de mejorar esta participación. Puede revisarse las leyes de EIA para asegurar que las actividades mineras que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente estén sujetas a un procedimiento de EIA que permita opinar, tanto oralmente como por escrito, a los ciudadanos. Estos últimos pueden también ser parte de la etapa de identificación de los potenciales impactos ambientales y así contribuir a la inclusión en la EIA de aquellos impactos que afecten a las comunidades locales. Esta participación puede incrementar los incentivos para desarrollar estrategias de prevención ambiental y para el monitoreo de su eficacia. Debe establecerse mejores mecanismos para desarrollar y difundir información sobre impactos ambientales, así como sobre las emisiones y descargas al ambiente que estén teniendo lugar (especialmente aquéllas que sean tóxicas). Finalmente, los gobiernos pueden explorar como estrategia el uso de mecanismos de financiamiento de la participación del público, incluyendo programas de educación en prevención ambiental.

EL CASO LA OROYA

Pero nada de eso se ha cumplido, la Oroya es un claro ejemplo de ello, donde se aplicara el Nuevo instrumento de adecuación ambiental aprobado por el Minem, recién en el 2030 es decir dentro de 17 años los pobladores recién podrán gozar de aire limpio.

“Las partículas de polvo son tan pequeñas y resistentes al agua que cuando respiras atraviesan las mucosas, pasan fácilmente por el torrente sanguíneo, las membranas biológicas y pueden llegar hasta tu ADN: la molécula madre que lleva tu información genética por una célula. Cada partícula fina es cien veces más delgada que un cabello humano y la literatura científica la cataloga como PM2.5, partícula que se genera en cantidades industriales durante la fundición de metales que en el caso del principal complejo metalúrgico del Perú, ubicado en la ciudad centroandina de La Oroya, se han acumulado en el aire durante décadas.” Ha dicho el toxicólogo Raúl Loayza de la Universidad Cayetano Heredia.

Resulta pues, inocultable el inventario de evidencias del daño al ambiente y la salud pública. El Ministerio de Salud en convenio con la propia Doe Run concluyó en tres censos hemáticos, entre 2004 y 2006, que más del 90% de cientos de niños examinados de las localidades aledañas a la planta han sobrevivido con concentraciones de plomo en la sangre que llegan a triplicar los diez microgramos por decilitro que exige el Organismo Mundial de la Salud. El plomo, que modifica el funcionamiento de las neuronas y produce males respiratorios, ha marcado la vida de cientos de niños, incluso antes de nacer: más de la mitad de las mujeres gestantes evaluadas en estos censos concentraban en su organismo más plomo de lo tolerable. El Instituto Blacksmith de Nueva York consideró a La Oroya como una de las diez ciudades más contaminadas en el mundo, junto a Chernobyl, que fue arrasada por un desastre nuclear, y el Tribunal Constitucional del Perú ordenó en el 2006 al gobierno peruano tomar medidas para proteger la salud de los pobladores, pero estas solo se han cumplido parcialmente.

Hoy la nueva operadora de la planta tendrá 14 años más para adecuarse a las exigencias ambientales, por lo que en ese período no se le podrá sancionar por excederse de los parámetros vigentes de dióxido de azufre generados por la fundición de metales. Recién a partir del 2030, los habitantes de La Oroya podrán respirar otros aires a diferencia del resto de enclaves mineros del Perú.

NECESIDAD DE UN MODELO REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Si en el Perú, no asumimos como nuestro el problema de contaminación, si nos cruzamos de brazos y asumimos una posición contemplativa como hace el gobierno y miramos para otro lado en nombre de mal llamado crecimiento con inclusión social; corremos el riesgo de que en muchas regiones del país sus aires, sus aguas y sus suelos –que ya presentan evidentes señales de contaminación-corren el peligro de ir degradándose aún cada vez más en el transcurrir de los tiempos con el consiguiente deterioro de la calidad de vida de los peruanos especialmente de las futuras generaciones y de toda la rica biodiversidad existente.

Así como el estado se preocupa en mantener alegre y contento a los grupos de poder económico del país y del extranjero, así mismo debería centrar su atención en estrategias mundiales de prevención, control y mitigación de la contaminación ambiental, asumir la importancia de un

desarrollo sostenido y sostenible que debe entenderse como la promoción del desarrollo económico y social a mediano y largo plazo, prioritariamente basado en el desarrollo humano, pero con el denominador común del resguardo del ecosistema contra la contaminación ambiental de tal manera que se pueda garantizar la calidad de vida de la actual generación humana sin afectar la de las futuras.

En relación al Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, se dictó la Ley General del Ambiente, que tipifican en el Código Penal delitos contra la ecología, recursos naturales y el medio ambiente, etcétera.

Se hace de imperativa necesidad de que todas las fuerzas vivas de la comunidad nacional, especialmente las universidades, contribuyan a la creación y consolidación de una cultura ambiental que favorezca el uso racional de los recursos naturales del país evitando daños irreversibles del ecosistema como consecuencia de la contaminación ambiental que pueda perjudicar el desarrollo humano de las futuras generaciones de peruanos.