Luis Rodríguez. 

Sabe contar Sr. Humala?, Ya són 6 los muertos y no hacemos distingos entre civiles ni policías.

Durante el gobierno de Alan García, en abril del 2011, producto de la represión policial, tres personas perdieron la vida. Néstor Cerezo Patana, Aurelio Huarcapuma Clemente y Andrés Taipe Chuquipuma, víctimas de perdigones disparados por policías.

La respuesta del gobierno “transnacional” de Ollanta Humala, frente al paro indefinido en la provincia de Islay en la región Arequipa, contra el proyecto minero Tía María de la Southern Copper; fue la de enviar más de 2,000 policías a la zona del conflicto, con los consiguientes fatales resultados de cientos de heridos víctimas de cartuchos de perdigones o bombas lacrimógenas disparados por policías y de dos pobladores muertos: Victoriano Huayna, por del impacto de una bala procedente de un fusil AKM, y Jenrry Checya Chura, quien recibió tres disparos por la espalda, uno de los cuales atravesó el pulmón izquierdo provocándole una laceración severa.

Ayer nos enteramos de la muerte del policía Alberto Henry Vásquez Durand, quien había sido herido el miércoles pasado, sumando a 6 las víctimas por este conflicto sin visos de solución.

Hoy llegaron 2,000 soldados a la zona del conflicto.

FIN DE LA DISCUSIÓN

Estas acciones ponen fin a la mesa de diálogo y a la imposición de un estado sordo, amnésico, y ávido, por favorecer a las transnacionales a pesar que no existe la razón ambiental ni la razón social como sustento para lograr la solución del conflicto social en la provincia de Islay, por el proyecto minero Tía María.

No ha existido nunca de parte del Ejecutivo, ninguna intención de solucionar este conflicto, más bien la actitud soberbia, radical, terca de los interlocutores del gobierno; por imponer su posición, entrampo este diálogo de sordos.

Ni un paso a atrás.

Existen insalvables argumentos de parte de la población para no ceder ante las exigencias del gobierno que defiende los intereses de la Southern, una empresa que tiene serios cuestionamientos como el pedido de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, quien en enero del 2015, pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de 1 millón de dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo.

Así mismo en mayo del 2008, Osinergmin multó con 608 mil nuevos soles a esta empresa por cometer infracción a las normas medioambientales. La empresa minera no cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, superó los límites máximos permisibles y atentó contra la Ley General de Salud, Ley General del Ambiente y el Reglamento para la Protección Ambiental en la actividad minero metalúrgico.

Con estos serios antecedentes como cree el gobierno que la población del Valle de Tambo, en una en una zona dedicada exclusivamente a la agricultura; aceptará la explotación minera a tajo abierto, un cuestionado método de extracción que utiliza explosivos y deja enormes agujeros en la tierra.

Sin consulta popular, ni el pedido expreso de una entidad extranjera para que revise el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no puede ni debe haber una solución al conflicto y Ud., señor Humala, sera el único responsable de lo que ocurra.